Una nueva rendición ante Puigdemont

Hay que reconocer que Sánchez está dispuesto a cualquier medida con tal de complacer a Puigdemont. La última ocurrencia del aparato jurídico sanchista es reducir la fase de instrucción para que la investigación de Tsunami Democràtic no afecte a la proposición de ley de amnistía. No importa entrar en una nueva contradicción imponiendo una reforma exprés de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su día, el PSOE se opuso a la modificación que había hecho el gobierno de Rajoy en 2015 para limitar los plazos de instrucción judicial a seis meses y 18 para causas complejas. Era una medida razonable para acabar con las dilaciones, aunque podía ser un periodo insuficiente para las causas complejas. Finalmente, Sánchez, impulsado por el cortoplacismo de perjudicar al PP por los casos de corrupción, consiguió cambiarla en 2020 elevando el plazo máximo de investigación de seis a doce meses, pero prorrogable de forma ilimitada. Una vez más se perpetraba una chapuza jurídica, porque ni lo uno ni lo otro eran buenas opciones para llevar a buen término una instrucción. A estas alturas, no es aventurado afirmar que al PSOE y a sus socios les importa muy poco, por no decir nada, la calidad de los textos legales, la separación de poderes y el Estado de Derecho.